de vida para los ciudadanos europeos». La relevancia atribuida por la Comisión a la cuestión motivó que, desde 2000, los citados informes sobre la cuestión regulatoria adquirieran sustantividad propia, tengan carácter independiente y den cuenta anualmente de las medidas introducidas para hacer efectivo el plan «Legislar mejor». Después –y desde el informe Mandelkern de 2002–, la Comisión instó a los Estados miembros a poner en práctica las iniciativas de mejora de su marco regulador interno y, en especial, a consultar con los interesados las normas proyectadas y a realizar una evaluación del impacto antes de adoptar las normas nacionales que transpongan normas comunitarias, toda vez que «el cuidado de la efectividad y la eficacia de las normas es una cuestión irrenunciable en la agenda de una buena política normativa». Las finalidades señaladas tanto por la OCDE como por la Unión Europea en relación con la llamada «mejora de la regulación» y, en especial, con el plan «Legislar mejor» son coincidentes en exigir una redacción clara y precisa de las normas; en la necesidad de identificar en su proceso de elaboración los factores que facilitarán una ejecución adecuada; en establecer claramente los objetivos que se propone alcanzar; en contar con los recursos materiales suficientes para su aplicación y en la posibilidad de ser cumplida con los menores costes y distorsiones posibles. Para asegurar la consecución de tales fines, el plan «Legislar mejor» preconiza la introducción y aplicación de diversas técnicas como son: la consulta de las partes interesadas, la recogida y uso de información técnica, la simplificación normativa, la cuantificación del coste económico de la regulación que se va a introducir, el diseño de alternativas normativas a la proyectada y, en fin, la evaluación del impacto de la norma. La evaluación o análisis del impacto normativo se configura, en las directrices de la OCDE y de la Unión Europea, como un mecanismo sustantivo de análisis sistemático de todas las probables consecuencias de la intervención de las Autoridades públicas mediante instrumentos normativos (Informe Mandelkern a la Comisión Europea sobre la evaluación del impacto, de 5 de junio de 2002). Se trata de un mecanismo que evalúa de manera integrada las consecuencias de la introducción de normas en el ámbito de las empresas, de la igualdad de trato entre hombres y mujeres, el medio ambiente, el comercio…, centrándose no sólo en el coste económico y en la rentabilidad (relación coste-beneficio) sino también en las consecuencias sociales. Pretende delimitar eventuales efectos imprevistos y puede realizarse de manera prospectiva o de modo retrospectivo. El análisis del impacto normativo examina las consecuencias de la intervención legal en atención a los resultados que produce y pondera tres cuestiones: la per 351
REVISTA ESPAÑOLA DERECHO MILITAR 97
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