I N F O R M E
carácter sanitario que ha vivido España: la del ébola en 2014 y,
con muchísima más relevancia, la actual crisis del COVID-19. Este
centro, dependiente del Ministerio de Sanidad, constituye un elemento
vital en el nexo entre la Administración General del Estado y
las CC.AA. a la hora de calibrar todo tipo de medidas para contener
una emergencia sanitaria y está en permanente contacto con el
Departamento de Seguridad Nacional, de cara a analizar el impacto,
consecuencias y medidas a adoptar ante un posible ataque
que nuestro país pueda sufrir motivado por una amenaza biológica
intencionada.
El Departamento de Seguridad Nacional y sus últimas Estrategias
contemplan de forma explícita la adopción de un Plan Nacional
de Biocustodia, que coloca a nuestro país en la vanguardia de
estados que han desarrollado estrategias de ese tipo, como son
Francia, Alemania, Reino Unido o EEUU. Dicho plan es de reciente
creación, puesto que fue aprobado, mediante la Orden 168/2019,
el 22 de febrero de 2019. Su objetivo es custodiar de forma efectiva
agentes biológicos relevantes, así como los lugares físicos que
los contienen, cuyas instalaciones
deben dotarse
de Planes de Seguridad
y Protección. La mayor
parte de los esfuerzos de
seguridad van destinados
a evitar ataques terroristas
o sustracciones de
material, aunque también
se hace mención a la
importancia de evitar accidentes.
Según relata la Orden
Ministerial, el Plan Nacional
de Biocustodia deberá
recoger en su inventario,
al menos, los patógenos
de las listas del Grupo
de Australia y de la Unión
Europea y los Agentes
Biológicos incluidos en el
R.D. 664/1997, de 12 de
mayo, de protección a trabajadores contra la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.
PERSECUCIÓN
En este punto, el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado (FCSE) y las Fuerzas Armadas es nuclear, actuando no
solo a nivel de la reacción, sino también de la prevención.
Para realizar una prevención efectiva, las FCSE deberían perseguir
Simulacro de incidente con agentes químicos, biológicos o
radiológicos para validar los planes de contingencia NBQ.
los siguientes objetivos: obtención de inteligencia para una
detección precoz de la amenaza; fomento de la coordinación e
intercambio de información, a nivel nacional e internacional; mejora
de los first responders; incremento del control y vigilancia de
la industria (laboratorios) de productos biológicos, así como sus
proveedores; establecimiento de medidas de control en relación a
materiales biológicos y tecnología asociada.
Por otro lado, las medidas reactivas a aplicar irían orientadas
a: identificación rápida del agente y diagnóstico de los afectados,
con su correspondiente evaluación y evacuación; establecimiento
de zonas seguras; tratamientos normalizados para el agente en
cuestión y disponibilidad inmediata para su administración; descontaminación
de personal, material y edificios.
A nivel nacional, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
es el organismo estatal especializado en la elaboración de
inteligencia financiera relacionada con el blanqueo de capitales y
la financiación del terrorismo, incluida la relacionada con las armas
biológicas. Sus análisis de riesgos y protocolos de intercambio de
información hacen posible la detección de indicios que, a través de
los correspondientes informes de inteligencia financiera, son trasladados
a los cuerpos policiales para su investigación.
Dada la importante dimensión global del blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo, la investigación de los flujos económicos
relacionados con la proliferación de armas biológicas y otras
ADM requiere de una cooperación internacional intensa, por lo que
el SEPBLAC, a su vez, participa en el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), que es un organismo intergubernamental
creado en 1989 con las
mismas funciones.
La participación en los
regímenes internacionales
de control de exportaciones,
de los que España
forma parte, es otro puntal
importante en este ámbito.
Además de la CABT, ya
comentada, cabe mencionar
el Grupo de Australia,
un foro no oficial de países,
cuyo objeto es la armonización
de las legislaciones
nacionales en esta materia
de armas químicas y
biológicas; la Iniciativa de
Seguridad contra la Proliferación
(PSI), otro foro
internacional cuyo objetivo
es prevenir la proliferación
de ADM, sus sistemas de
Hélène Gicquel
vectores de lanzamiento y materiales conexos, potenciando los
intercambios de información y la posibilidad de interceptación marítima,
terrestre y aérea de transferencias de materiales sensibles;
y el Régimen de Control de Tecnología de Misiles (RCTM), que es
una asociación voluntaria de países cuya misión principal es la vigilancia
de las transferencias de equipamiento de misiles, materiales
y tecnologías relacionadas, susceptibles de ser empleados como
vectores de lanzamiento de ADM.
A nivel nacional, España materializa ese control de exportaciones
del material de Defensa y de Doble Uso a través de la Junta
Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de
Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU), dependiente de la
Secretaría de Estado de Comercio.
Igualmente, hay que hacer mención a otro grupo de trabajo de
ámbito nacional, el Grupo de Contacto Interministerial para la Prohibición
de Armas Biológicas (GRUPABI), coordinado por la Subdirección
General de No Proliferación y Desarme del Ministerio de
Asuntos Exteriores, que se creó para implementar una serie de
50 Revista Española de Defensa Mayo 2021