REVISTA EJÉRCITO
N.º 963 EXTRAORDINARIO JUNIO
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El 14 de noviembre de 1922 se hicieron
públicos hasta tres dictámenes
de la comisión: el de la mayoría
parlamentaria, que trataba de exonerar
al mundo político; el de las minorías,
más incisivo que el primero,
pero apuntando en sentido similar
hacia el mando militar, y el tercero, el
de Indalecio Prieto, que acusaba directamente
al rey Alfonso XIII, a los
Gobiernos, a los Parlamentos y también
al mando militar8.
Sánchez Guerra, que había justificado
su decisión de llevar el Expediente
Picasso al Congreso, quizás arrepentido
de haberlo hecho, dimitía en
diciembre de 1922 tras los debates
parlamentarios sobre los referidos
dictámenes de la comisión.
El cambio de Gobierno no apagó el
debate ni la convulsión política provocada
por el conocimiento del contenido
del expediente del general
Picasso y continuó con la llegada al
Gobierno de Manuel García Prieto.
Sin embargo, la casi inmediata disolución
de las Cortes provocaría
que decayese la investigación de la
comisión, con el consiguiente aumento
de la incertidumbre sobre el
resultado de todo el proceso. Las
nuevas elecciones, celebradas el
29 de abril de 1923, que otorgaron
una amplia mayoría al bloque liberal
demócrata del marqués de Alhucemas,
permitieron la constitución de
una Segunda Comisión Parlamentaria
de Responsabilidades en julio
de 1923, formada por veintiún diputados
y presidida por Bernardo Mateo
Sagasta Echeverría.
Se produjeron retrasos, negativas
de aportar documentación y testimonios
como el del propio Dámaso
Berenguer, que fue llamado a declarar
ante la comisión. Ante el cariz
que estaban tomando los acontecimientos,
la polarización de la opinión
entre los que abogaban por la
impunidad y los que lo hacían por
la depuración y la falta de consenso
de los miembros de la comisión,
se acordó resolver las discrepancias
en un pleno convocado para el 2 de
octubre. Nunca se produjo, pues el
13 de septiembre el golpe de estado
del general Miguel Primo de Rivera
disolvía el Parlamento español y, con
él, la comisión.
El propio general Primo de Rivera
justificaba su acción con el hecho de
que «el país no quiere oír hablar más
de responsabilidades, sino saberlas,
exigirlas pronta y justamente …»9.
Es evidente que la derivada política
del Expediente Picasso estuvo entre
las causas del golpe militar de Primo
de Rivera, pues este se produjo en
buena medida para frenar la labor de
la comisión, que, con gran dificultad
y partiendo del exhaustivo informe
del general Picasso, trataba de fijar
políticamente las responsabilidades
del desastre.
CONSEJO DE GUERRA A
BERENGUER Y NAVARRO:
JUICIO Y CONDENAS
Disuelta la Comisión de Responsabilidades,
se permitió que siguiera
la actuación del Consejo Supremo
de Guerra, aunque los cambios que
se introdujeron en su composición
La Comisión de Responsabilidades. El Sol, 12 de julio de 1923