cierta medida las capacidades de ciberdefensa
actualmente gestionadas
por las FAS. Esto queda patente en
los esfuerzos destinados al proyecto
de ciberreserva que sobrevuela nuestro
país desde, al menos, el año 2014
(Fojón Chamorro, 2014).
El Proyecto de Reserva Estratégica
en Ciberseguridad (conocida de
forma abreviada como «ciberreserva
») sigue la línea de las iniciativas
realizadas en Estonia, Reino Unido
(Joint Cyber Reserve Force) o Francia
(Réserve Cyberdéfense), y busca
gestionar una estructura de personal
civil voluntario capaz de desarrollar
labores de defensa en el ciberespacio
40 / Revista Ejército n.º 971 • marzo 2022
de manera ocasional, es decir,
que se active de forma específica en
momentos de emergencia ante ataques
cibernéticos.
No obstante, si bien la idea de contar
con expertos civiles capaces de
gestionar respuestas a amenazas cibernéticas
de grave consideración
fue entendida como algo positivo, lo
cierto es que cuenta con poderosos
hándicaps para su completa implementación.
El primero de ellos surge
de la dificultad que tiene encuadrar
una «unidad» de este tipo en el organigrama
institucional, siendo recurrente
el debate de la dependencia
orgánica de la ciberreserva. El segundo,
y quizás el más importante, lo
encontramos en el rechazo por parte
de la comunidad de profesionales
españoles dedicados a la ciberseguridad
a trabajar de forma voluntaria
sin percibir ningún tipo de retribución
(Montero, 2019). «Si nada
vais a dar, nada vais a obtener» fue la
respuesta que el general de división
Carlos Gómez López de Medina, jefe
del Mando Conjunto de Ciberdefensa,
recibió del auditorio del Rooted-
CON cuando afirmó que Defensa en
ningún momento se planteaba pagar
ningún tipo de sueldo o recompensa
económica al trabajo realizado por
los voluntarios (Dolbuck S.L., 2018).
Pese a que podamos pensar que la
razón para impulsar una iniciativa de
estas características podría deberse
únicamente a la búsqueda de una
rentabilidad económica (pues estaríamos
hablando de obtener capacidades
cibernéticas de muy alto nivel
a precio cero), lo cierto es que si algo
deja patente el debate sobre la ciberreserva
en nuestro país es que España
precisa de un cierto apoyo a las
capacidades cibernéticas gestionadas
por las FAS y las instituciones públicas
que provenga del mundo civil.
Principalmente, existen dos razones
de importancia para plantear la externalización
de las capacidades españolas
de ciberdefensa. En primer
lugar, el nivel actual de progreso tecnológico
impide que una entidad pública
alcance la excelencia técnica
requerida por las distintas amenazas
provenientes del ciberespacio, ya que,
si bien el personal que integra las FAS
de nuestro país es extremadamente
válido, lo cierto es que los conocimientos
técnicos que el personal dedicado
a la defensa del ciberespacio
precisa resultan sumamente especializados
y son difíciles de encontrar en
cualquiera de las escalas de nuestros
Ejércitos.
A ello habría que sumar la temporalidad
laboral y los bajos sueldos característicos
de la escala de tropa y marinería,
pues, de existir soldados con
las capacidades técnicas y de formación
necesarias para desempeñar
Carlos Gómez López de Medina. General de División.
Comandante Jefe del Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD)