TEMAS PROFESIONALES
Otro de los problemas planteados desde el punto de vista de los créditos es
el referido a los Centros de Responsabilidad de Gasto (CRG). La Sección 14
de los Presupuestos de la AGE, correspondiente al Ministerio de Defensa, se
estructura en diferentes Servicios Presupuestarios. A la Armada le corresponde
el Servicio 17, que a su vez se divide en diferentes CRG como unidades de
nivel inferior para la distribución de los créditos en la ejecución presupuestaria.
Hasta el ejercicio 2018 la fragmentación de los créditos estuvo establecida
al nivel de direcciones en la Jefatura del Apoyo Logístico (JAL) (Sostenimiento,
Infraestructuras, Abastecimiento y Transportes e Ingeniería) y en la
Jefatura de Personal (JEPER) (Jefatura de Personal y Dirección de Asistencia
al Personal), quedando la Dirección de Asuntos Económicos (DAE) como
genérica para algunos de los epígrafes del Capítulo 2 de «Gastos Corrientes».
Esta estructura es la heredera de la antigua distribución de los Servicios Presupuestarios
en la Armada —16, Dirección de Construcciones (DIC); 18, Dirección
de Aprovisionamiento (DAT), etc.—. Como suele ocurrir, cambian los
títulos, se consolidan unidades, pero se mantiene la cultura tanto competencial
como de actuación cotidiana. Y eso nos lleva a seguir actuando como cuando
no había crisis económica, es decir, cuando el dinero no era un condicionante
más allá de la urgencia de la mayor ejecución al finalizar el ejercicio presupuestario,
no fuera que la no ejecución nos penalizara en un futuro próximo.
Para el ejercicio 2019, incardinado en las medidas del Proyecto de Revisión
de la Organización de la Armada (PROA), se planteó una reubicación de
los créditos presupuestarios buscando una mejor actuación en base a la visibilidad
que se puede tener de la organización. Nos encontramos con tres CRG,
cada uno de ellos junto a las antiguas tres cabezas de la estructura de Apoyo a
la Fuerza: DAE, JAL y JEPER. Sin embargo, las costumbres adquiridas
durante años, y que provienen de cuando estos centros directivos eran juez y
parte de la financiación y de la contratación, están llevando a formas diferentes
de funcionar, al percibir la realidad desde puntos de vista distintos a los de
las actuales unidades de gestión de la contratación. En concreto se puede afirmar
que la puesta a disposición de los recursos financieros durante 2018 y que
continuó en 2019 dista de ajustarse a las necesidades de las unidades de
contratación en cuanto a los tiempos necesarios para licitar, en aplicación
de la LCSP, pero también respecto a los importes y anualidades, condicionando
la contratación a la propia anualidad y a la Tramitación Anticipada (TA)
que —como el año 2018 no llegó a término antes de finalizar el ejercicio—
implicó no solo el doble de trabajo (entonces y ahora) para lograr las adjudicaciones
que cubrieran los servicios y suministros, sino también, y esto ha
sido lo peor, rompió la continuidad de los contratos en vigor adjudicados
durante 2018 y en los cuales se habían previsto prórrogas y modificaciones,
solo pendientes de financiación y conformidad del propio contratista, que
permitieran la tranquilidad de la cobertura contractual de las necesidades. Al
comienzo del ejercicio 2019 nos encontramos de nuevo buscando financiación
132 Julio