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la Constitución de 1789 y sigue todavía
presente en el debate político,
los académicos norteamericanos se
han centrado en el problema de las
relaciones institucionales. ¿Cómo
interactúan los líderes de culturas
y formaciones tan dispares? ¿Qué
consecuencias puede tener un deficiente
entendimiento entre un Gobierno
y sus militares en una situación
de crisis? ¿Cuál es el papel real
de los líderes militares en la toma de
decisiones sobre asuntos de seguridad
y defensa?
La investigación sobre estos temas ha
permitido diseñar modelos de relación
que obtienen un máximo beneficio con
un mínimo de fricción y, sobre todo, ha
concienciado a políticos y militares de
la necesidad de conocer al otro si se
quiere mantener una relación fluida y
provechosa. En España partimos con
desventaja en este debate debido a
nuestra historia. Es hora ya de que se
aborden las relaciones civiles-militares
desde el punto de vista de una democracia
madura, en la que las fuerzas armadas
son un instrumento en manos
del Gobierno en una relación de incontestable
control civil; una relación que,
no obstante, políticos y militares tienen
que aprender a gestionar para obtener
el máximo rendimiento en situaciones
que afecten a la seguridad nacional.
EL CONTROL CIVIL Y EL
MODELO NORTEAMERICANO
El principio de control civil es la base
de las relaciones civiles-militares. Este
principio se traduce en que las Fuerzas
Armadas carecen de legitimidad
como actor político, por lo que deben
estar siempre subordinadas a un poder
de naturaleza civil. Así pues, las decisiones
estratégicas sobre seguridad
y defensa corresponden al poder político
pese a la especialización de los
profesionales de las fuerzas armadas
en esos temas.
El principio de control civil es una versión
particular de la tradicional relación
entre el funcionario del Estado y el
gobernante. Las decisiones estratégicas
sobre cualquier tema de gobierno
siempre corresponderán a este último,
aunque el funcionario sea el especialista.
El gobernante, no obstante, debe
escuchar al especialista para fundamentar
su decisión, aunque no esté
obligado a seguir siempre sus recomendaciones.
En España el control civil está perfectamente
reflejado en la Ley de Defensa
Nacional de 2005, que sitúa al presidente
del Gobierno y al ministro de
Defensa en la cúspide de la cadena de
mando y otorga también un papel a
las Cortes, tanto en la formulación de
la política de defensa como en la declaración
de una situación de conflicto
o en el despliegue de fuerzas militares
en el exterior.
El principio de control civil da pie a
una pregunta muy delicada: ¿existe
algún espacio de decisión exclusivamente
militar? Esta ha sido una de
las cuestiones recurrentes en las relaciones
civiles-militares desde hace
un par de siglos. Samuel Huntington,
en su clásico El soldado y el Estado,
responde claramente que sí, que resulta
conveniente mantener un espacio
de autonomía militar en las decisiones.
Huntington defiende que es
el precio que hay que pagar por mantener
al militar alejado de la tentación
política y centrado en su profesión. El
gobernante decide cómo, cuándo, en
qué condiciones y con qué objetivos
se emplea el instrumento militar. Una
vez tomadas estas decisiones estratégicas,
el líder militar dirige las operaciones
en detalle. Teóricamente, el
gobernante sigue teniendo la última
palabra sobre cualquier aspecto de
las operaciones, pero, normalmente,
dejará las decisiones sobre ellas a sus
subordinados militares.
A grandes rasgos, este es el modelo
que se aplicó en Estados Unidos en
la Segunda Guerra Mundial; desde
entonces, la idea de un espacio autónomo
para la decisión militar impregna
la cultura militar norteamericana.
Huntington plasmó en su obra lo que
Marshall o Eisenhower habían llevado
a la práctica en la década anterior a su
publicación. No obstante, pese a su
enorme influencia en el pensamiento
militar norteamericano, la teoría huntingtoniana
estaba ya en crisis cuando
fue planteada.
La crisis tuvo que ver, en primer lugar,
con la aparición de las armas nucleares
y con los interrogantes sobre cómo
utilizarlas en beneficio de la seguridad
nacional sin desencadenar una hecatombe
global. Los militares norteamericanos
tardaron en comprender el
significado estratégico de las nuevas
armas, lo que llevó a que la estrategia
nuclear fuese diseñada esencialmente
por civiles. La consecuencia
más negativa para las relaciones civiles
militares fue que la confianza en
una esfera de decisión puramente militar
se debilitó dramáticamente. Era
difícil para un presidente delegar el
uso de las armas nucleares en líderes
que pretendían utilizarlas como artillería
pesada, como propuso MacArthur
en Corea, o que no comprendían